La pobreza entre los jubilados subió del 11,6 al 25,6 por ciento en un año, mientras que la indigencia saltó del 1,6 al 4,0 por ciento. Son más de un millón de nuevos pobres e indigentes. El panorama se agrava para 2025 por el congelamiento del bono en 70 mil pesos, el fin de la moratoria previsional y los planes del Gobierno para aumentar la edad jubilatoria.
Los niveles de pobreza e indigencia entre los jubilados aumentaron de manera estrepitosa en el gobierno de Javier Milei. Se encontraban en esa condición el 13,2 por ciento de las personas mayores de 65 años en el primer semestre de 2023, para pasar a ser el 29,7 por ciento apenas un año más tarde. Es decir, más del doble.
En números absolutos, eran 740 mil personas por debajo del umbral de la pobreza en el primer semestre de 2023 y subieron a 1,7 millones en igual período de este año, contemplando el crecimiento poblacional entre un año y otro.
De acuerdo a las cifras del Indec, sobre un universo de 5.608.402 personas mayores de 65 años en 2023, 89.734 eran indigentes (el 1,6 por ciento) y 650.574 eran pobres (el 11,6).
Este año, la población de más de 65 años llegó a 5.737.818 personas, con 229.512 indigentes (el 4,0 por ciento) y 1.468.881 pobres (el 25,6 por ciento).
Los números exponen la dura realidad que atraviesan los adultos mayores, pero lo más alarmante es que lo peor todavía no pasó.
Ingresos por el piso
La escalada descomunal de la pobreza y la indigencia es producto de la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos de jubilados y pensionados, por más que el Presidente diga que esa capacidad de compra «voló» cuando se la mide en dólares.
Contra toda evidencia, Milei vetó en septiembre la ley que intentaba recuperar parcialmente lo que los jubilados habían perdido en los primeros meses de su gestión, con una devaluación histórica y un incremento de la inflación también histórico.
A eso se sumó la reducción de la cobertura estatal para la compra de medicamentos, agravando el panorama. Los laboratorios, además, figuran entre quienes aumentaron los precios por arriba del promedio general, gracias a la desregulación de la economía del gobierno libertario.
Según una encuesta de la Cruz Roja, el 26,9 por ciento de los jubilados manifestó haber dejado de comprar remedios este año por insuficiencia de ingresos, en tanto que el 24,7 redujo el consumo de alimentos y el 21,5 abandonó actividades de recreación y tiempo libre.
La jubilación mínima en diciembre fue de 259 mil pesos, más el bono de 70 mil, totalizó 329 mil pesos. Los que cobran la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) recibieron 207 mil pesos, más el bono de 70 mil, un total de 277 mil pesos.
Sin jubilación
La PUAM es la pensión que se creó durante el gobierno de Mauricio Macri en reemplazo de las moratorias previsionales que permitían a los trabajadores y a las amas de casa acceder a la jubilación, «comprando» los años de aportes no realizados. Es un beneficio que equivale al 80 por ciento de la jubilación mínima y además no da derecho a pensión, aunque sí a la cobertura del PAMI. Quien la percibe es una suerte de jubilado de segunda.
Eduardo Santín, especialista en materia previsional y ex diputado, marca sobre este punto la contradicción de que a las empresas que no pagan impuestos se les permite regularizar su situación por medio de moratorias, mientras que a las personas se les niega esa posibilidad.
«El Gobierno en lugar de castigar al empresario que no hizo los aportes, que tuvo a una persona trabajando sin registrar, castiga al trabajador al impedirle pagar la deuda de la que es víctima«, remarca.
Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fueron los que implementaron las moratorias para resolver el problema de millones de personas que quedaban afuera de la cobertura previsional. La administración de Alberto Fernández rescató esas políticas, que -como se indicó- el macrismo había abandonado, y ahora Milei quiere otra vez darla de baja.
Dentro de menos de tres meses, el 23 de marzo, vence el plan de facilidades de pago sancionado por el Congreso en marzo de 2023. El Gobierno ya avisó que no tiene en sus planes extender el programa, por lo cual el año que viene habrá 9 de cada 10 mujeres que alcancen la edad jubilatoria, de 60 años, que no podrán acceder a ese derecho. Deberán esperar hasta los 65 años para empezar a cobrar la PUAM. En definitiva, el Gobierno condena a las mujeres que no reúnan 30 años de aportes a esperar 5 años más para percibir una prestación que hoy se ubica en 277 mil pesos.
El incremento en los niveles de pobreza e indigencia que implica esa decisión será notable.
Para los hombres, 7 de cada 10 también quedarán afuera de la jubilación en 2025 cuando lleguen a la edad de 65 años.
Más allá de esta cuestión, en 2025 seguirá creciendo la pobreza entre los jubilados de la mínima si el Gobierno mantiene congelado el bono que complementa haberes en 70 mil pesos, salvo que Milei efectivamente consiga que haya deflación. Pero si hay inflación, poca o mucha, el poder de compra de más de 4 millones de jubilados seguirá cayendo.
Edad jubilatoria
Como si todo esto fuera poco, el Gobierno pretende aumentar la edad jubilatoria. Borradores de proyectos de reforma previsional que se trabajan en la Anses contemplan llevarla a 67 años para hombres y mujeres, contra los 65 y 60 años actuales, respectivamente. Sería de manera progresiva en el plazo de diez años.
El poroteo tentativo que hace el oficialismo indica que no le alcanzarían los votos en el Congreso en 2025 para aprobar la ley, por lo que debería aspirar a ganar las próximas elecciones legislativas para intentarlo en 2026.
El argumento del Gobierno para no renovar el plan de facilidades de pago de deudas previsionales y buscar el aumento de la edad jubilatoria es esencialmente fiscal. «El sistema está quebrado», dice el Presidente.
Frente a esto, Santín recuerda que «en todos los países donde hay sistema previsional el Estado tiene que poner plata«.
«Hoy la jubilación es un mecanismo de distribución de la riqueza. No es más un seguro como cuando se creó, en tiempos en los que se buscaba el pleno empleo y que cuatro trabajadores registrados pagaran la jubilación del que llegaba a la edad de retiro», remarca.
Eso terminó con la informalidad laboral arriba del 40 por ciento y tasas de desempleo que impiden a las mayorías reunir los 30 años de aportes.
«El planteo de que los sistemas están quebrados empezó con la caída del muro de Berlín. Hasta ese momento los estados de bienestar garantizaban las jubilaciones porque competían con el comunismo. Eso implicaba cobrar más impuestos para financiar el sistema. Eso era y es así en la Argentina y en todo el mundo. Pero acá lo que quiere Milei es bajar los impuestos a los que más tienen y ajustar a las grandes mayorías«, concluye.
