RIESGO ECONÓMICO Y SANITARIO Javier Prida, presidente de CAPIA, advirtió sobre los riesgos económicos y sanitarios del ingreso ilegal de productos avícolas.
El presidente ejecutivo de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA), Javier Prida, mantuvo un encuentro con el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, para abordar el alarmante aumento del contrabando de huevos en las fronteras del norte y noreste del país.
Durante la reunión, se evaluaron estrategias conjuntas para frenar esta problemática que impacta al sector productivo y a la salud pública.
"Más allá del perjuicio económico que el contrabando genera a la actividad, como a las arcas públicas, nos preocupa en sobremanera el peligro sanitario que implica el ingreso de mercadería ilegal, tanto para la población, como para nuestras aves", alertó Prida.
Desde CAPIA subrayaron que el ingreso de huevos de contrabando no solo afecta a la industria avícola nacional, sino que también podría introducir enfermedades que comprometan a la producción local y a la seguridad alimentaria.
La falta de controles en puntos clave de las fronteras agrava esta situación.
Piden reforzar la fiscalización y el control de alimentos
Por su parte, Catalán destacó la importancia de reforzar las acciones coordinadas entre el sector privado y el gobierno para combatir este flagelo: "El contrabando no solo perjudica a los productores, también atenta contra la salud y la economía de los argentinos".
Prida destacó la disposición de las autoridades nacionales para fortalecer los controles en las fronteras y ponderó las tareas realizadas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) en la fiscalización y control de alimentos.
En este marco, señaló que mantuvieron una reunión con el presidente del organismo, Pablo Cortese, para coordinar acciones destinadas a frenar el ingreso de productos avícolas ilegales que amenazan tanto la economía como la salud pública.
Prida advirtió que el contrabando de huevos ya no se limita a las zonas fronterizas, ya que se detectaron cargamentos que recorren hasta 600 kilómetros dentro del territorio nacional.
Ante esta alarmante situación, las autoridades acordaron intensificar los operativos y proceder al decomiso inmediato de toda mercadería que no cuente con la documentación correspondiente, reforzando así la lucha contra este flagelo.
