En sintonía con los mandatarios de la Región Litoral, el gobernador Axel Kicillof calificó de «anticonstitucional» a la decisión de la Presidencia de la Nación de abrir licitación para delegar las administraciones del paso fluvial a 30 años.
Recordó que el artículo 124 de la Constitución Nacional otorga a las provincias el dominio sobre los recursos naturales y anticipó acciones. Coincidentemente, en Corrientes, el Senado provincial, rechazó con voz unánime la medida. Advierten desconexión entre el Gobierno central y las regiones.El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sumó su voz al grupo de mandatarios provinciales en alerta por la posible privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay que impulsa el Ejecutivo nacional, a la que calificó como una medida «anticonstitucional».
El mandatario afirmó que la Constitución Nacional establece que «corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio», según el artículo 124.
En este sentido, subrayó que cualquier decisión que ignore la participación provincial en la gestión de la hidrovía violaría el marco legal vigente.
MEDIDAS JURÍDICAS
EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA
En ese sentido, el Gobernador de Buenos Aires, anticipó que tomará medidas legales para contrarrestar la iniciativa del Presidente, argumentando que «no se puede privatizar el río», y que la hidrovía pertenece a las provincias involucradas.
«Vamos a actuar en consecuencia de lo que es una violación de nuestra Constitución. La provincia de Buenos Aires no va a dejar que se entregue la soberanía argentina», afirmó contundentemente.
El mandatario también criticó la postura del Gobierno nacional, asegurando que «no puede darle la espalda a las provincias».
RECHAZO
EN EL SENADO CORRENTINO
El tema también generó controversia en el Senado de Corrientes, donde tanto oficialistas como opositores manifestaron su rechazo a la privatización mediante un llamado a licitación por 30 años.
Legisladores provinciales destacaron la necesidad de preservar los derechos de las provincias sobre la Hidrovía, señalando que el proceso de privatización desestima la representación regional y el principio de federalismo consagrado en la Constitución.
HIDROVÍA, UN RECURSO CLAVE
PARA LA REGIÓN LITORAL
Dentro del escenario político, la Hidrovía se presenta como un elemento central en proyectos de integración impulsados por los bloques regionales, especialmente en la recientemente constituida Región Litoral.
Estas habían impulsado la creación de una sociedad anónima con participación estatal para gestionar el recurso de manera conjunta, asegurando una administración transparente y alineada con los intereses locales.
Ahora, la privatización amenaza con desarticular esta iniciativa regional y transferir el control estratégico de la vía fluvial.
TENSIÓN POR LA GESTIÓN
DE RECURSOS
Con el debate del presupuesto aún abierto dentro del Congreso nacional, y la posibilidad de que el Ejecutivo nacional intente prorrogar la Ley de Leyes aprobada en 2023, el debate sobre la privatización de la Hidrovía suma otro foco de tensiones entre el Gobierno nacional y las provincias, especialmente aquellas que dependen directamente de este recurso estratégico.
Coinciden en la misma advertencia
En la sesión del jueves, en el Senado provincial de Corrientes, legisladores oficialistas y opositores coincidieron en expresar su preocupación por la decisión del Gobierno nacional de privatizar la Hidrovía Paraná-Paraguay.
El senador Martín Barrionuevo de UxP advirtió sobre el impacto que tendría la concesión por 30 años, que excluiría al Estado de la gestión y el mantenimiento de este recurso estratégico. «Los recursos naturales pertenecen a las provincias, y es imprescindible que sean escuchadas», afirmó Barrionuevo al plantear la necesidad de que Corrientes y las provincias ribereñas tengan participación en las decisiones sobre la vía navegable.
POSICIONES SIMILARES EN
LA DEFENSA DE LA PROVINCIA
Los senadores oficialistas Noel Breard y Enrique Vaz Torres respaldaron el reclamo opositor, destacando la importancia de priorizar los intereses provinciales en la gestión de la Hidrovía.
Breard recordó que el Parlamento del Norte Grande ya había aprobado un proyecto para extender la red troncal hasta el puerto de Ituzaingó, propuesta que fue ignorada por la administración nacional.
El legislador señaló que la falta de consideración por parte del Gobierno central debilita los esfuerzos por garantizar un manejo federal y equitativo de este recurso natural.
SOCIEDAD ESTATAL Y AMPLIACIÓN DE LA RED
La Hidrovía actualmente llega hasta la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, a la altura de Paso de la Patria.
Las provincias involucradas habían propuesto la creación de una sociedad estatal con participación de los estados ribereños para garantizar una administración conjunta y sostenible de la vía fluvial.
Además, se planteó la ampliación de la red troncal hacia el Norte, hasta Ituzaingó, como parte de una estrategia para potenciar el desarrollo económico regional.
En ese sentido, el Senado correntino reiteró que es fundamental que las provincias tengan un rol activo en cualquier decisión que afecte la gestión de la Hidrovía, considerada un recurso vital para el comercio y la soberanía nacional.
El Gobierno nacional anunció el llamado a licitación para la privatización de la Vía Navegable Troncal, conocida como la Hidrovía. El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la sede de la Administración General de Puertos, y quedó oficializado mediante la Disposición 34/2024 publicada en el Boletín Oficial.
La concesión, que tendrá una duración de 30 años, abarcará actividades como el dragado y mantenimiento de los canales, así como la instalación y operación de sistemas de señalización. La licitación será gestionada por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, con la recepción de ofertas establecida hasta el 29 de enero de 2025.
El modelo de contrato destaca la búsqueda de eficiencia y sostenibilidad en la gestión de la vía fluvial, que concentra cerca del 80 por ciento del comercio exterior argentino. Según el documento, se espera que la privatización atraiga inversiones internacionales, reduzca costos operativos y modernice la infraestructura.
Entre los requisitos para las empresas interesadas figuran estándares rigurosos de capacidad técnica, solvencia financiera y experiencia en obras fluvio-marítimas. El futuro concesionario deberá ejecutar un plan de obras prioritarias en los primeros cinco años de la concesión, incluyendo la renovación de la señalización y la incorporación de sistemas de control con radares y tecnología satelital.
Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, subrayó que la medida permitirá mejorar la competitividad del comercio exterior mediante tarifas logísticas más eficientes, con impacto directo en productores y consumidores.
